Fallo de la Corte y otros. Sobre el tarifazo, mitos y verdades.


Mi enfoque personal es que el tarifazo fue desmedido y sólo pensado para favorecer empresas, cosa que no asombra siendo que Aranguren se parece más a un lobbista del sector (ex Ceo de Shell) que a un usuario residencial o a una PyME.

Dicho lo cual, habrá que ver cómo afecta que el freno sólo se aplique sobre el 23,5% de usuarios residenciales. Los precios vinculados al otro 76,5% también golpeará en los hogares. De ese 76,5%, un 31,7% se usa para generar electricidad. No es un tema menor.

Por otra parte, el fallo de la Corte tiene un efecto cuasi similar al voto de Cobos en contra de la 125: poner un freno a un conflicto social y político que no ayudaba a la organización social y económica del país (rol clave del Estado).

Hice un resumen de algunas cuestiones para saber dónde estamos parados.

Click para agrandar las imágenes.

Primero el resumen del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Acá link.


Después otras consideraciones para entender y contextualizar.



Algunas consideraciones (gráficas) del sector del gas en la Argentina, en base al Anuario 2015 realizado por Enargas.

Interesante ver que el sector residencial recibe menos de 24%, un 23,5% del total. Las centrales eléctricas un 31,7%. Esto es un dato no menor, porque el fallo de la Corte no toca el valor del gas en tanto insumo de la electricidad. 


En el cuadro que sigue, llamo la atención sobre el crecimiento de la entrega de gas total a la industria entre 1993 y 2015.







Características principales para entender de qué hablamos.
El gas natural licuado, denominado comercialmente GNL, es gas natural transformado en un líquido a –162.2°C y constituido casi totalmente por metano, que se ha convertido en una fuente creciente de energía debido a que puede ser fácilmente transportado por mar y almacenado para su uso.
Cuando se lo calienta a –106°C o a mayor temperatura, se hace más liviano que el aire, sube y se dispersa. En fase vapor, aparece como una nube blanca visible porque su baja temperatura condensa la humedad del aire circundante y cuando se lo expone a la temperatura ambiente se vaporiza rápidamente. En estado líquido, el GNL es 1,4 veces más pesado que el aire, pero a medida de que se calienta su densidad se reduce, alcanzando 0,55 veces la del aire a temperatura ambiente.
A menudo se lo confunde con gas licuado de petróleo (GLP), aunque sus componentes difieren completamente. El gas licuado está compuesto por moléculas de propano y butano en distintas proporciones, más pesadas que las de metano, extraídas de la corriente de gas natural húmedo y almacenadas en recipientes aptos para su transporte y posterior utilización comercial. Como el gas licuado tiene mayor poder calorífico que el metano, se acostumbra a adicionar pequeñas proporciones de propano o butano al gas natural seco para elevar su poder calorífico, satisfaciendo así las especificaciones de determinados consumidores.
También se lo suele confundir con el gas natural comprimido (GNC). Si bien se trata del mismo producto, en este caso sólo se lo ha comprimido a 200 bar, reduciendo así su volumen, para poder almacenarlo y transportarlo, generalmente para su uso como combustible para automotores. El GNC es esencialmente metano comprimido que se mantiene en fase gaseosa.

Unidades y dimensiones usuales
El universo del GNL ha adoptado un léxico especial que conviene repasar brevemente:

Btu: Unidad térmica británica. Es la cantidad de calor necesaria para aumentar en 1 grado Fahrenheit la temperatura de una libra de agua en su máxima densidad (aproximadamente 39° F). Un millón de Btu (MM Btu) equivale a 27,8 m3 de gas y a 0,048 m3 GNL o a 0,0192 t GNL.

Millón de toneladas de GNL por año: unidad usada para medir el volumen de gas entregado por año. Una tonelada equivale a 2,47 m3 de GNL. Para regasificar 1 MM m3/día es necesario emplear 725 t GNL.

Trillón de pies cúbicos (Tcf): Unidad de volumen de gas habitualmente usada para medir reservas. Equivale a 28.300 MM m3.



Sobre las tarifas, decíamos antes en otro post:

Cuando hablamos de tarifas de servicios públicos debemos considerar algunos aspectos claves, en el marco de privatizaciones que en la Argentina se hicieron mal, apuradas y con pocos criterios sociales.
Primero se trata de servicios que tienen baja elasticidad, por cuanto su uso resulta imprescindible y no es fácil modificarlo. Es en este sentido que se suele hablar de usuarios cautivos.
En segundo término, al tratarse de monopolios considerados naturales, por cuanto la competencia es ineficiente para la sociedad (no puede haber varias redes de luz, de agua, de gas, y hasta hace algunos años de telefonía fija) surge como indispensable su regulación o control por parte del Estado.

En virtud de estas dos cuestiones no se puede plantear una libertad de mercado como podría haber en materia de por ejemplo, peluquerías. Así que el Estado debe establecer normas (regulación) y estructura tarifaria. Porque está en juego la distribución de recursos, el bienestar de los usuarios y el sistema productivo que usa estos servicios.

No era en absoluto descabellado plantear la necesidad de una readecuación de tarifas, porque hay un trade-off (para el contexto local, de multis a cargo de los servicios) entre la sobre regulación y la eficiencia de los servicios que estaba muy inclinada hacia la primera. 

En este sentido un ajuste era necesario liberando recursos del Estado para otra cosa, y equilibrando y dotando de equidad a estos sistemas en todo el país. 

Esta readecuación se tornó en tarifazo en la medida que hay unidades productivas y sociales con incapacidad para absorber o transferir a clientes (tan golpeados como ellas) los precios nuevos.
El problema de fondo es que se hizo al mismo tiempo de una devaluación y un ajuste también, ambos, desmedidos. Sin dudas es un tarifazo, y el hecho de haber sido de 1200% en gas para la patagonia, y luego reducido a 400% muestra impericia y excesos. Además, del hecho que no haya un número exacto se extrae la evidencia de que no hay herencia, hay interés de las multinacionales implicadas. Es decir, el gobierno dice que no tenía alternativas, pero cuando las fuerzas sociales en pugna le muestran un límite cambia los montos sobre las facturas, eso muestra que sí había alternativas, y que en principio se decidió lastimar el bienestar de la gente (hasta dónde dé).


Dice Carrillo en P12:

Un trabajo realizado por asesores del ex ministro De Vido destaca la incorporación de usuarios a los servicios de gas y electricidad desde 2003 hasta el año pasado. Asegura que se sumaron 2.431.730 usuarios a la red de gas, lo que implicó un aumento del 40 por ciento en doce años. Al tendido eléctrico se incorporaron 5.832.274 usuarios, un incremento del 73 por ciento frente a los registros de 2003. El resultado es que a fines de 2015 se registran 8.500.126 usuarios de gas por red en el país y 13.753.932 conectados al sistema eléctrico, según cifras de Enargas y Adeera (asociación de distribuidoras eléctricas).

Otro punto discutido en el plenario de comisiones fue que la manera en que se estructuró el tarifazo no discriminó entre quienes menos tienen y los de mayores ingresos. Por el contrario, la quita de subsidios derivó en que los más perjudicados sean en términos relativos los de clase media y baja. En ese sentido, recordaron que la quita de subsidios que se inició en diciembre de 2011 para sectores puntuales con el anterior gobierno fue por el carril opuesto. En esa fecha se redujeron y eliminaron subsidios de gas y electricidad por 4057 mil millones de pesos a industrias agroquímicas, de procesamiento de gas, biodiesel, refinación, aceiteras, mineras y petroleras, como así también a bancos, financieras, casinos, hipódromos, aeropuertos internacionales y telefónicas. En mayo de 2012 se aplicó una quita a 28.604 usuarios residenciales de altos ingresos. En enero de 2012 se acogieron a la renuncia voluntaria 33.200 usuarios, por 21,9 millones de pesos. Ese año se sumaron 223.000 usuarios de countries (385,5 millones de pesos) y 9000 familias de Puerto Madero, Barrio Parque y Recoleta (15,5 millones de pesos).

Pese a esa quita de subsidios, el documento destaca que se llevó a cabo un plan de obras que permitió la incorporación de 12.400 megavatios, 5500 kilómetros de tendido de nuevas líneas eléctricas, 3300 kilómetros de gasoductos troncales, la construcción del Gasoducto del NEA e inversiones en energías renovables. Esto derivó, se subraya, en que la participación del Estado en inversión energética creciera de niveles del 3 por ciento en 2003 a un 45 por ciento el año pasado.


Dice Scaletta, también en P12:

- La primera es que el gobierno decidió llevar el precio del gas en boca de pozo, por el que se pagaba poco más de 2 dólares el millón de BTU, a casi 5 dólares. Con una sólo decisión administrativa generó una transferencia a las gasíferas de entre 2800 y 3500 millones de dólares anuales, según el cálculo de distintas fuentes. Se trata de un valor muy por encima del precio que se paga internacionalmente y que duplica en exceso al costo de producción estimado por la Fundación Bariloche, que es de 1,9 dólares el millón de BTU. Dicho de otra manera: no había razones técnicas para una suba de semejante magnitud. Su lógica no fue un imperativo de mercado, sino una decisión de Estado. Redondeando para abajo: se concedió una transferencia anual de 45.000 millones de pesos el mismo día que se aumentaron las tarifas a los consumidores para, supuestamente, reducir el déficit fiscal. Por el lado de la producción, en tanto, la historia reciente enseña que la desregulación y concesión de súper ganancias puede traducirse en agotamiento de reservas antes que en mayores inversiones. Es lo que ya parecen indicar los primeros números conocidos. Los nuevos datos de exploración, producción y empleo sectorial son todos negativos. Por alguna extraña razón, los columnistas oficialistas no hacen referencias a esta transferencia de 45.000 millones de pesos y prefieren en cambio comparar boletas individuales con costos de pizzas o de televisión por cable. Vale recordar también que el discurso de campaña era que los subsidios se reducirían para bajar su peso en las cuentas públicas, lo que vuelve inconsistente haber decidido al mismo tiempo la transferencia multimillonaria a las petroleras. - Un segundo dato duro, no considerado en el contenido del nuevo apocalipsis, es el costo fiscal de haber eliminado o reducido los aranceles a las exportaciones del agro, la industria y la minería. Anualizando los números en base a las ventas externas del primer semestre se observa que el Estado dejará de recaudar por este concepto alrededor de 5000 millones de dólares, aproximadamente 75.000 millones de pesos. Según el apocalipsis PRO, si se retrotrae el aumento tarifario el fin se desencadenaría por un rojo fiscal de 80.000 millones de pesos. Aceptando el argumento sólo con fines analíticos, los dos puntos anteriores muestran cómo el gobierno podría obtener fácilmente 120.000 millones de pesos adicionales, es decir; un 50 por ciento más de lo que necesita, lo que le evitaría, según su relato, “cubrir con la emisión de pesos el agujero fiscal alentando la inflación”. De paso podría volver a contar con un instrumento de control de precios internos como las retenciones. O de negociación con las petroleras para que inviertan, aplicando el ABC de las políticas de promoción sectorial. Volviendo al comienzo, técnicamente toda decisión de política económica es una decisión de transferencias de ingresos. Luego, son las relaciones de poder las que definen quienes se benefician de estas transferencias.

Finalmente, la esctructura por sector de la energía eléctrica en base a la facturación.


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