El Gasto Público Social en el Presupuesto de la Argentina

A fin de año siempre se discute el presupuesto de la Administración Pública Nacional, en este caso para 2012. Nuevamente, con la información que el presupuesto nos brinda, intentaremos mostrar los cambios en el rol del Estado durante los últimos 8 años.


Todo indica que la ley de leyes, así llamado el presupuesto, deberá aprobarse en el congreso después de no haberse sancionado el presupuesto 2011 como parte de una confusa estrategia política opositora. En efecto, para 2012 cabe suponer que habrá un presupuesto con fuerza de ley.


El Gasto Público Consolidado (GPC) incluye a todo el sector público no financiero de los tres niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal, clasificado por finalidad-función que analiza la estructura del gasto público y en qué medida el GPC contribuye a mejorar las condiciones generales de vida del país. Para eso revisamos el gasto público social consolidado: todos los gastos en servicios sociales, como educación, salud, vivienda, seguridad y asistencia social, entre otros. 


Gráfico 1: gasto público social, 1980 - 2009. (click para agrandar)




Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía. Según la Dirección de Análisis de Gasto Público del Ministerio de Economía, sólo se incluye las transferencias de la Administración Nacional a los Fondos Fiduciarios (que forman parte de su financiamiento) y no el total de la ejecución de gastos de los mismos, debido a que no se cuenta con el detalle de los montos y asignación por finalidad-función.


A la luz del gráfico 1, es preciso hacer hincapié sobre el aumento del gasto público social consolidado (GPSC) hacia 2009, año durante el cual se concreta la transferencia de la seguridad social hacia el sector público y se eliminan las AFJP.


Basado en un informe de la Dirección de Análisis de Gasto Público del Ministerio de Economía, se destacan una serie de cuestiones a tener en cuenta:
  
  • En cuanto a la distribución por Nivel de Gobierno, el Gasto Público del Gobierno Nacional asciende a $268.383 millones (54,2%), el de las Provincias a $189.207 millones (38,2%) y el de los Municipios a $37.133 millones (7,5%).
  • En 2009 el Gasto Público Social recupera su participación debido a los aumentos en Jubilaciones, Pensiones y Asignaciones Familiares; la mayor cobertura del Seguro de Desempleo, Programa de Recuperación Productiva y Plan Familias por las Inclusión Social; la implementación de la Asignación Universal por Hijo y el programa Argentina Trabaja; y al mayor gasto en infraestructura de saneamiento y vivienda. Así, en 2009 la relevancia de este gasto se incrementa 1,7 puntos porcentuales, representando el 64,3% del GPC, nivel que se mantendría en 2010.
  • Durante el período 2003-2009, la relación entre el GPC Total y el PIB oscila entre 28,7% (2004) y 43,2% (2009).
  • En 2005 comienza una tendencia ascendente en la participación del Gasto Público en Servicios Económicos (14,7% en 2008), producto de las políticas del Gobierno Nacional destinadas a subsidiar el consumo de ciertos servicios públicos y alimentos de primera necesidad. Finalmente, en 2009 su peso relativo disminuye a 13,0%, frente a un aumento de la participación del Gasto Público Social (64,5%).
  • Se pueden apreciar los fuertes aumentos en las prestaciones de la seguridad social, especialmente los que acontecieron entre 2006 y 2007, tanto en el nivel de la APN como en el consolidado. Este aumento del gasto público explica la estrategia de (re)estatización de los fondos de los trabajadores hacia 2008 y de eliminar las AFJP, ya que, a pesar de su existencia, el Estado debía asignar una fuerte cantidad de recursos para la seguridad social.  




La estructura del GPSC  se mantiene dentro de cierto rango, entre 61% y 67% desde 1991 hasta 2009, sin embargo hacia 2009 el GPSC aumenta con fuerza en relación con el PBI. Una de las razones del aumento del porcentaje del GPSC sobre PBI tiene que ver con las políticas contracíclicas que el Estado aplicó desde 2009, año en que el PBI no subió y el presupuesto total sí.


Lo antes descrito también puede verse en el gráfico 2, utilizando como proxy el caso puntual de la Administración Pública Nacional (no confundir con el Gasto Consolidado), donde se muestra el peso estructural de los servicios sociales en el PBI y el mismo peso en el gasto total de la APN, según ciertos años seleccionados.



La apertura por finalidad y función del presupuesto nos permite determinar con claridad los objetivos, generales de política económica. Al interior del rubro de gastos "Servicios sociales", se encuentran -como ya dijimos- las funciones de salud, educación, promoción y asistencia social (como los programas de ayuda directa a personas de grupos vulnerables, como la Asignación Universal por Hijo o Programa Ingreso Social con Trabajo "Argentina Trabaja"), seguridad social (jubilaciones, pensiones y retiros; asignaciones familiares, seguro de desempleo, etc.).


Una mirada sobre el presupuesto, sobre los gastos por la finalidad "Servicios Sociales", nos permite ver la atención que se le presta a los servicios del Estado mencionados al principio. La distribución del ingreso secundaria se vincula con la distribución del ingreso después de la intervención del Estado. El nivel, el tenor, la cantidad y calidad de servicios sociales que el Estado brinda repercute en el bienestar social, por eso emergen como una dimensión fundamental del gasto.




Gráfico 2: servicios sociales de la APN (click para agrandar)





Lo primero que surge a la vista en el gráfico 2 es la importancia del Gasto como factor de importancia en la búsqueda de un dinamismo contracíclico en 2009, por lo cual los servicios sociales de la APN sobre un estancado PBI aumentan considerablemente en ese año.


En 2010 el PBIAPN crecen un poco menos en relación al PBI. No obstante lo cual, hacia 2011 y 2012 el presupuesto en servicios sociales de la APN crece nuevamente por encima del aumento del PBI, explicando una mayor parte del PBI y del gasto total de la APN. Esto se vincula con la intervención del Estado en la vida diaria de todas las personas.


El Estado de los noventa era un Estado exclusivo -exclusivamente para pocos- que estaba ahí para garantizar los negocios que libremente hacían los sectores concentrados de la economía en su propio beneficio. El presupuesto social tenía como único propósito evitar la conflictividad social (asistencia focalizada) para sostener el esquema de valorización financiera.


El Estado inclusivo promovido desde 2003, cumple un rol de protección e igualdad social, metiéndose de lleno en la puja distributiva: desendeudamiento estratégico, estatización de los fondos de los trabajadores (FGS), la asignación universal por hijo, más y mejor trabajo, la ley de medios, las 1800 negociaciones paritarias articuladas desde el Estado, las inspecciones para la promoción del trabajo registrado, la (re)construcción del tejido productivo argentino, un BCRA pensado para la producción nacional y no para la valorización financiera, la competitividad de la economía, el fomento del mercado interno, las decisiones políticas y económicas tomadas sin los agentes concentrados de la economía sentados en la mesa de definiciones, la mejora en la distribución del ingreso, presupuesto en educación, entre otras muchas cuestiones.


Fomentar el consumo interno de bienes producidos localmente, al tiempo que se apoya el sistema con servicios sociales para el bienestar social y el consumo, es diametralmente distinto a inyectar recursos puntuales para evitar que un sector excluido impida el enriquecimiento de una minoría beneficiada por la sobre-valuación de la moneda local.

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