Democratizar la justicia

El poder ejecutivo en la Argentina es claramente el poder del Estado más importante, porque cultural y normativamente estamos organizados en función de lo que dispone, en general, la presidencia.

Desde el poder ejecutivo se conduce al Estado, en la ejecución de las políticas. ¿Esto está bien o mal? No está claro que quepa una valoración, así, sin más. Históricamente nos hemos dado este modo de gobierno. Una valoración debería incluir "para qué": ¿bien o mal para qué, en qué contexto, con qué actores, con qué fuerzas sociales en pugna, etc.?

Es difícil este tema porque hay mucha zoncera, mucho eufemismo alrededor. Hay algo que está bien claro: el gobierno desde 2003 ha logrado, primero que nada, democratizar el poder ejecutivo (y el legislativo). Entendiendo la democracia como la forma de gobierno que genera que las políticas dependan de los intereses de la mayoría de la población. Esto hasta 2003 no era así. El poder legislativo en esta época acompañó al poder ejecutivo en esta tarea, ampliando derechos y a la ciudadanía. Se ha logrado el acceso de mayores sectores de la población al bienestar, al consumo, al trabajo, al futuro, e incluso un mayor acceso a la justicia. Pero todavía existen algunos problemitas con el acceso a los fallos favorables, cuando es justo que así lo sea.

Una vez democratizado el poder ejecutivo, y puesto el Estado al servicio de los sectores populares, enfrentando corporaciones económicas y grupos de interés en general opuestos a un Estado nacional y popular, se puede abordar la democratización del poder judicial. Y ahí parece que estamos.

Primero que nada, cabe destacar que las instituciones son una convención social. Hacen a la manera como preferimos organizarnos en tanto sociedad. No son duras, congeladas, son flexibles y cristalizan una cierta disputa entre actores sociales, con distintas fuerzas cada uno. Los sectores que reaccionan frente a los cambios pretenden mostrar las instituciones como anclaje al pasado, como un congelamiento de una hegemonía anterior, como conservación de una cristalización de una relación de fuerzas del pasado. Los sectores que promueven el cambio, naturalmente, pretenden modificar esas instituciones, sino no habría cambio. Por esto la "seguridad jurídica", entendida como conservación de pautas y reglas, escritas o no, es un fetiche, que nada tiene que ver con los intereses cambiantes del pueblo, la economía, la sociedad y el Estado, y mucho tiene que ver con sostener conquistas pasadas del poder económico, mediático o judicial.

En este escenario, democratizar la justicia implica orientar sus tiempos, sus fallos, sus reglamentos, sus interpretaciones, (¡porque vaya que todo es interpretación, si los fallos no tuvieran ningún juicio de valor, no habría ninguna discusión!). Porque las leyes en muchos casos están, pero los jueces las interpretan a su manera, o a la manera de los poderosos.

¿Qué cabe entender por democratizar la justicia? En principio la idea es comenzar por la elección popular del Consejo de la Magistratura. Pero sobre todo, la clave estará en consagrar una justicia vinculada con los intereses del débil, del pueblo, y no de las corporaciones. Se trata de alcanzar fallos justos, que no favorezcan al más fuerte cuando esto no corresponde. Porque actualmente, con la zoncera de los controles y los contrapesos (que evita cambios), la justicia viene a conservar las ventajas de los sectores poderosos frente a un Estado que busca mejorar los niveles de igualdad social.

Es cierto que una parte de la justicia funciona bien. No es todo lo mismo. Como en cualquier lado. Hay muchos fallos laborales, medioambientales, o en contra de los represores genocidas, que coinciden con los intereses de la mayoría de la población.

Es verdad que puede parecer un tema abstracto para el pueblo en la calle. Tan abstracto como la Ley de Medios o la independencia del BCRA. Pero si bien el debate puede parecer abstracto, llevarlo a la práctica, resulta bien concreto: como un BCRA al servicio del desarrollo con equidad, como la proliferación de medios identificados con minorías postergadas, como la recuperación de los fondos de los trabajadores que permitieron consolidar la AUH.

Esta democratización, que no es otra cosa que romper los vínculos de sangre entre un sector de la justicia y las corporaciones más retrógradas de la Argentina, emerge como fundamental para que el capitalismo que se está conduciendo desde el Estado argentino se parezca más a un capitalismo del bienestar social que a uno de explotación, marginación, dolor, desempleo y bajo nivel de acceso al consumo de los sectores vulnerables o más débiles.

Que la justicia deje de ser una escribanía de las acciones de los más fuertes, es uno de los más grandes desafíos que se pueden abordar en la Argentina. No es abstracto.