Los noventa. La vinculación entre deuda externa y privatizaciones. Salida de la convertibilidad.

Cara y contracara del plan de estabilización de la inflación y de tipo de cambio fijo.

Vinculación de la deuda externa con las privatizaciones.

Luego de la crisis inflacionaria de 1989, algunas fracciones de los sectores dominantes se veían enfrentadas entre sí. El capital concentrado interno y los acreedores externos discrepaban acerca del destino que debían seguir las transferencias estatales. Estas tensiones y discrepancias se sintetizarían con la adopción del blueprint (recetario) del consenso de Washington[1] por parte de la nueva administración gubernamental, que expresó su afección a esa visión ortodoxa a partir de la implementación del plan de Convertibilidad en 1991 (Ley Nº 23.928), el plan Brady[2] (1992), la liberalización del sistema financiero y, fundamentalmente, la privatización de la casi totalidad de empresas estatales.
La administración del Dr. Menem encontró el consenso social necesario para la implementación de sus políticas públicas (que en la mayoría de los casos beneficiaron a los capitales extranjeros), en gran parte gracias a la crisis inflacionaria de 1989. Asimismo, el proceso privatizador es central en el marco de la renegociación de la deuda externa iniciado en 1990, ya que se inscribe como el fenómeno principal que propició la resolución de conflictos preexistentes entre las fracciones locales y extranjeras dominantes en la argentina.
De acuerdo con Azpiazu y Basualdo[3]: la notable importancia que asumen las privatizaciones en términos de la incidencia estructural y de la rentabilidad, hizo que los grupos económicos repatriaran durante esos años una parte de los ingentes recursos que habían fugado al exterior desde 1979 en adelante, y que se encontraban invertidos en diversas colocaciones financieras, incluso en bonos de la deuda pública argentina (títulos que fueron utilizados para participar del proceso privatizador, dado que se fomentó –en particular, en la llamada "primera etapa" de las privatizaciones– la capitalización de bonos de la deuda externa).
Las transferencias iniciadas en 1995 hacia el capital extranjero, dan lugar, en términos generales, a un aumento muy importante en la incidencia de las empresas transnacionales y los conglomerados extranjeros, en detrimento de los demás tipos de propiedad, especialmente de los grupos económicos que se habían consolidado durante los años previos. Sin embargo, nuevamente en esta etapa las modificaciones en la propiedad de los activos fijos tienen su correlato en términos de los activos financieros de residentes locales en el exterior ya que a las modalidades adoptadas durante la década de los años ochenta (usufructo de los diferenciales existentes entre las tasas de interés vigentes en el mercado externo -en el cual se endeudaban- y en el interno -en el cual colocaban los fondos-) se le agrega una nueva forma de valorización financiera: las ganancias patrimoniales que realizaron los grupos económicos locales y algunos conglomerados extranjeros por la venta de sus activos fijos, especialmente de sus paquetes accionarios en las empresas privatizadas, remitiendo los recursos obtenidos al exterior, dando lugar a la etapa de mayor fuga de capitales locales de los últimos veinticinco años (entre 1992 y el 2000 salieron del país 67,6 miles de millones de dólares, superando el actual "stock" los 120 mil millones de dólares, magnitud que representaba aproximadamente el 90% de la deuda externa del Estado argentino).[4]
En resumen, las privatizaciones propiciaron la realización de asociaciones entre grupos locales (capacidad de lobbying), empresas transnacionales (tecnología) y bancos acreedores con posiciones en la deuda soberana (títulos de deuda). El conflicto entre estos actores entró en un período de latencia (¿o tregua?) que finaliza hacia finales de 1995, cuando los grupos locales empiezan a vender su parte en las empresas (ya sean o no de servicios públicos; en el marco del ampliamente conocido proceso de desindustrialización y extranjerización de la economía argentina). Las ventas se realizan a precios muy elevados (con ganancias extraordinarias en relación con los precios de estos activos cuando fueron adquiridos) gracias a que entra en consideración la rentabilidad presente y futura de las empresas al momento de efectuarse la transacción. En efecto, hacia mediados de la década los grupos locales ganan en liquidez, fugando al exterior sus capitales por una parte, y posicionándose en activos fijos vinculados con la economía primaria (agro y agroindustria), por otra.

Posturas de “salida” de la convertibilidad adoptada por distintos sectores.

Hacia fines de 2001, con el agotamiento explícito del modelo de acumulación de capital, el enfrentamiento entre los agentes económicos locales y extranjeros sale a la superficie nuevamente: los agentes extranjeros (que controlaban las empresas privatizadas y la banca extranjera) promovían la dolarización de la economía argentina para poder mantener el volumen de sus ganancias y evitar la depreciación de sus activos fijos, mientras los “grupos locales” (con gran parte de sus capitales en el exterior o posicionados en el sector primario) reclamaban una devaluación del peso.
Aquí pueden hacerse algunas reflexiones finales sobre la cuestión. Si bien los grupos extranjeros habían ganado en conocimiento y contactos para llevar adelante efectivamente su poder de lobbying, la construcción de hegemonía llevada adelante por los grupos locales fue muy superior tanto en la generación de consenso social como en el acercamiento a los sectores dirigentes con mayor poder político. La construcción de un bloque social, con base en la clase media movilizada –y pauperizada–, fue central para la implementación de un modelo de acumulación que hiciera hincapié en el tipo de cambio alto –devaluación mediante–. Los discursos giraron en torno de la “producción y el trabajo” y en la reconstrucción del mercado interno, sin embargo el Estado de los años 2002 y 2003 no aprobó las materias suficientes para que el modelo sea realmente más equitativo que el del decenio 1991-2001.
En suma, la crisis de 2001, se debió en gran medida a los efectos de esta lógica de acumulación por parte de las grandes empresas que descuidaba el sistema productivo en el mediano y largo plazo. Asimismo, el Estado tuvo una responsabilidad central en estas acciones por la ausencia de controles sobre el movimiento de capitales y a través del cuantioso endeudamiento externo contraído, que sirvió para proveer las divisas necesarias para sostener la lógica de valorización financiera.


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[1] En realidad, se implementó una versión local del consenso, ya que éste establecía la necesidad de un tipo de cambio flotante definido por el mercado.
[2] Mediante el plan Brady, los acreedores norteamericanos con títulos de deuda de estados latinoamericanos lograron vender sus bonos y retirarse ante el riesgo. El riesgo era alto porque si quebraban los bancos se verían afectados los acreedores norteamericanos poseedores de bonos. A pesar de la aparente resolución del problema de la deuda externa que la instauración de dicho plan involucró para la mayoría de los países latinoamericanos, incluyendo a la Argentina, el régimen de acumulación consolidado en el país y la lógica de funcionamiento del plan de convertibilidad devendrían en un nuevo proceso de endeudamiento externo que colapsaría a fines de 2001.
[3] A partir de varios documentos escritos en colaboración por Daniel Azpiazu y Eduardo Basualdo, en el marco del Plan Fénix.
[4] ídem.

* artículo escrito en 2004.

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